Imagínese que al Gobierno izquierdista de un país sudamericano se
le ocurriera a los pocos días de ganar las Elecciones, en un ejercicio de
“transparencia”, retirar el programa electoral de su página web. Imagínese que
pese al clamor popular, con miles de firmas recogidas, se negaran a celebrar
una consulta sobre una posible nacionalización (o privatización) de un servicio
esencial. Imagínese que este gobierno despidiera a un porcentaje considerable
de los trabajadores públicos de manera arbitraria (dicho por sentencia
judicial) bajo la excusa de la mala situación económica, mientras le sube el
sueldo a trabajadores considerados afines, que la justicia además vuelve a
desautorizar a dicho gobernante por nombramientos de altos cargos y todo esto
en medio de una grave crisis económica, con un aumento del desempleo que
prometieron acabar, con una nula capacidad de atraer inversiones, un 30% de sus
ciudadanos/as en el umbral de la pobreza y reduciéndose por primera vez en
catorce años la población del país.
Sin duda la prensa conservadora nos
presentaría una situación de auténtico Apocalipsis y calificarían a dicho
gobernante como un caudillo, sin respeto por la democracia, la voluntad popular
y bastante incompetente. Pero para poder ver este panorama no es necesario
imaginar nada, lo tenemos en Jerez de la Frontera, no hay que cruzar ningún
charco para verlo, solo recordar lo hecho por el Gobierno de María José
García-Pelayo en esta ciudad.
